Los esfuerzos para contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo enfrentan un nuevo obstáculo, luego de que trabajadores de la salud que participan en la atención de pacientes y las labores de respuesta decidieran suspender actividades para exigir el pago de salarios y prestaciones atrasadas.
La protesta ocurre en la provincia de Ituri, la más afectada entre las tres regiones del este del país donde se concentra la emergencia sanitaria. Médicos, enfermeros y otros trabajadores de primera línea denunciaron que no han recibido sus sueldos ni las bonificaciones prometidas desde que el brote fue declarado oficialmente el pasado 15 de mayo.
Además del retraso en los pagos, los manifestantes señalaron que desempeñan sus funciones con recursos y equipo insuficientes, al tiempo que acusaron un trato desigual por parte de las autoridades y de los equipos encargados de coordinar la respuesta sanitaria.
De acuerdo con los datos más recientes difundidos por el gobierno congoleño, el brote acumula 1,708 casos confirmados y 580 defunciones. Las autoridades también advirtieron que el primer mes de esta epidemia ha sido el más grave registrado para un brote de ébola en el país, mientras la propagación del virus continúa superando la capacidad de respuesta.
La huelga coincide con el inicio del proceso de inscripción para los ensayos clínicos de un tratamiento dirigido contra la variante Bundibugyo del virus del Ébola, responsable de la actual emergencia.
La representante de la Organización Mundial de la Salud en la República Democrática del Congo, la doctora Anne Ancia, alertó que la enfermedad continúa expandiéndose debido al constante desplazamiento de personas y a las condiciones de inseguridad en la región, situación que ha llevado a que algunos centros de tratamiento operen prácticamente al límite de su capacidad.
Los trabajadores inconformes sostienen que la falta de pago no solo afecta su estabilidad económica, sino que también pone en riesgo el bienestar de sus familias. Aseguran que el incumplimiento de las prestaciones compromete sus condiciones de vida y dificulta la continuidad de las labores para enfrentar una de las crisis sanitarias más delicadas que atraviesa el país.