Organizaciones civiles advierten sobre rezagos en salud y seguridad social, y piden que el país permita presentar denuncias individuales ante el Comité DESC.
GINEBRA.— El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU evalúa a México este 4 y 5 de noviembre, ocho años después de sus últimas observaciones al país. La revisión contrasta el informe del Gobierno con documentos alternativos de organizaciones civiles que señalan brechas en salud, trabajo y protección social.
Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de Práctica Internacional de Derechos Humanos (PIDH), dijo a MVS Noticias que los informes ciudadanos buscan mostrar situaciones que, a su juicio, no quedan reflejadas en la documentación oficial. Entre los grupos que presentaron reportes están PIDH, IIRESODH, Elementa DDHH, Prevencasa y Disentir.
Rezagos en salud y seguridad social
De acuerdo con los informes presentados ante el Comité, el 48 % de la población mexicana carece de seguridad social. Además, la proporción de personas sin acceso a servicios de salud habría pasado de 16 % a 34 %. En 2023, se reportaron 7.5 millones de recetas médicas sin surtir.
Los documentos también señalan que la cobertura de seguridad social para trabajadoras del hogar se sitúa entre 2 % y 2.36 %, y que el gasto federal destinado a la niñez bajó de 15 % a 10.8 %.
En materia de desaparición, las organizaciones cuestionan que no se haya precisado cuántas familias de las 135,048 personas desaparecidas reciben apoyo en salud o educación. También advierten que el Gobierno informó sobre una ley general de desplazamiento forzado interno que, según los informes, no existe.
Piden ratificar un protocolo internacional
Una de las principales demandas de las organizaciones es que México ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El instrumento permitiría presentar quejas individuales ante la ONU cuando las personas no obtengan respuesta efectiva en los tribunales nacionales.
Según cifras citadas en los informes, entre 2018 y 2024 se concedieron 47,023 de los 144,089 amparos presentados en materia de derechos sociales. Las organizaciones sostienen que la ratificación ayudaría a que las recomendaciones del Comité se traduzcan en mecanismos de protección para las víctimas.
